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15-04-2025

Juan Ramón Godoy: Un exalcalde en la encrucijada legal


Por Miguel Silva, Corresponsal de Política, Justicia y Acontecer Social.


Rancagua, Chile – La situación legal del exalcalde de Rancagua, Juan Ramón Godoy, sigue siendo tema de debate en la región de O’Higgins. Acusado de malversación de fondos públicos y fraude al fisco durante su gestión (2016-2021), Godoy enfrenta un futuro incierto mientras la justicia avanza en su caso, que ya acumula más de dos años de investigaciones.

Los cargos en su contra Godoy, militante del Partido Socialista, está formalizado por presuntas irregularidades en la contratación de servicios municipales y el uso de recursos públicos. Según la Fiscalía, habría incurrido en fraude al fisco y malversación de caudales públicos, con perjuicios estimados en millones de pesos.

El caso saltó a la luz tras denuncias de contraloría y funcionarios municipales, que señalaron pagos irregulares a empresas vinculadas a colaboradores cercanos. Godoy ha negado repetidamente las acusaciones, argumentando que las decisiones fueron técnicas y aprobadas por los órganos competentes.el CDE, contenidos en la investigación, el imputado habría cometido ilícitos como el pago de montos en exceso por licitaciones adjudicadas, la advertencia a particulares de una licitación venidera (y adjudicarla) aceptando por ello beneficios económicos o de otra naturaleza para sí o terceros, la fragmentación de compras a través de adquisiciones por trato directo para beneficiar a determinadas empresas, la adquisición de bienes como la compra de un vehículo y, la extensión de contratos por servicios fuera de la normativa legal, como el de retiro de basura, no habiendo mediado consulta ni aprobación del Concejo Municipal.
Avances y dilaciones judiciales

El proceso ha enfrentado múltiples aplazamientos, desde recursos de amparo hasta cambios en el equipo fiscal. En 2023, la Corte de Apelaciones de Rancagua rechazó un intento de cerrar el caso por falta de pruebas, ordenando profundizar en los antecedentes.

Expertos legales consultados señalan que, de comprobarse su responsabilidad, Godoy podría enfrentar penas que van desde presidio menor en su grado medio (541 días a 5 años) hasta multas e inhabilitación para cargos públicos.
Impacto político y futuro

El caso ha tenido repercusiones en la política local. Godoy, otrora una figura prominente del PS en la región, ha visto erosionada su imagen. Sus allegados insisten en que se trata de una persecución política, mientras sus críticos exigen celeridad para esclarecer los hechos.

Mientras tanto, el exalcalde mantiene un perfil bajo, aunque no descansa en su defensa. Su abogado ha anunciado que presentarán nuevos recursos para desestimar los cargos, alegando vicios en la investigación.

¿Qué viene ahora?

El tribunal programó para los próximos meses la audiencia de preparación del juicio oral, etapa clave que definirá si el caso llega a juicio o se archiva. Mientras, la ciudadanía rancagüina sigue atenta, en un escenario donde la tensión entre justicia y política sigue vigente.

Por todo lo anterior, en audiencia de 27 de enero de 2025, se amplió nuevamente el plazo de investigación en 70 días, plazo que esta pronto a cumplirse por lo que pronto se debería entrar al cierre ede la investigación, preparación del juicio oral y finalmente en juicio donde se determinará la culpabilidad o no del ex alcalde. .Sobre la necesidad de cautela, la Corte entiende que se mantienen inalterables los parámetros que establece la letra c) del artículo 140 del Código Procesal Penal, esto es, la multiplicidad de los hechos formalizados, su carácter de reiterados y la gravedad de la pena asignada a los mismos, entendiendo que las otras alegaciones de fondo efectuadas por la defensa deberán ser conocidas y resueltas por el á tribunal de fondo, en la oportunidad procesal pertinente

Lo cierto es que, más allá del desenlace legal, el legado de Godoy como alcalde quedará marcado por este prolongado proceso que refleja los desafíos de la transparencia en la gestión pública chilena.

17-11-2008

Rancagua: Corrupción en el MOP Rancagüino

Este Blog es para los amantes de Rancagua nuestra querida e histórica Ciudad.
Por más de 6 horas se extendió el pasado viernes la audiencia de formalización de cargos en contra de la red de corrupción que actuaba al interior de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP). Se le imputan siete delitos de fraude al fisco, asociación ilícita, cohecho, negociación incompatible, lavado de dinero, entrega de información reservada y tráfico de influencia. Cinco mil millones de pesos alcanzan los montos que investiga la Fiscalía de O’Higgins como parte de cuatro contratos de adjudicación de conservación de caminos.
La investigación se inició en abril de 2007 tras la denuncia realizada por la ex seremi del MOP en O’Higgins, Beatriz Valenzuela, luego que una auditoría interna a nivel central arrojara irregularidades al interior de la Dirección de Vialidad VI Región. En ese momento la organización criminal ya llevaba tres años operando.
El fiscal regional Roberto Díaz explicó que actuaban como “una red de funcionarios de manera conjunta para adjudicarse contratos y fiscalizar los mismos con estándares mínimos de control, con lo cual es casi imposible determinar si las obras se realizaron, cuándo y bajo qué estándares de calidad”. Para ello se aprovechó la calidad de algunos de ser funcionarios públicos de alta jerarquía en el MOP. Ahora la Fiscalía se centrará en dar con el resto de los integrantes de la organización, quienes en el transcurso de la semana debiesen ser formalizados. Mientras esto ocurre, el Ministerio Público cuenta con 14 meses de plazo de investigación.
Las Claves en el Caso MopMiguel Vásquez, aprovechándose de su cargo de jefe de Conservación Regional del MOP VI Región, y de la amistad de años con Aldo Rossi Rossi, quien ocupaba un alto cargo en la Subdirección de Mantenimiento de la Dirección de Vialidad MOP Central– y con los contactos que tenía con Francisco Olave (dueño de la Constructora Pilén con domicilio comercial en Santiago), comenzó a realizar acciones tendientes a defraudar y engañar al Fisco para enriquecerse ilícitamente a través de la simulación en las presentaciones que se realizaron en las licitaciones que el MOP realizaba en la región. Vásquez ofrecía a Olave “negocios” solicitándole la “caratula” de la empresa Pilén. A cambio le ofrecía el pago del 3% o 4% de las utilidades que dejaría la licitación. Con fecha noviembre de 2006, el MOP llamó a concurso la obra Conservación Global de Caminos Pavimentados Sector Central Cachapoal Sexta Región, por un monto superior a los $1.600 millones. A dicho llamado —previo concierto— se presenta la empresa Pilén representada por Olave.
Debido a la información privilegiada con que se contaba, Pilén se adjudicaba los contratos con ofertas más bajas. Luego se aumentaba el precio de las obras. Quien realizó la ejecución de las obras fue la empresa Cigda, de propiedad de Miguel Vásquez, y la empresa Codao. Todo esto se habría hecho con pleno conocimiento de Aldo Rossi, quien a instancia del alto cargo que ocupaba al interior del MOP, se constituyó en el nexo entre Vásquez y Olave. En diciembre de 2006 las mismas personas se adjudicaron un segundo contrato de Conservación Global de Caminos Colchagua Primera Etapa VI Región, por un monto de $1.300 millones. Usaron el mismo modo de operar.Con el objeto de ocultar los ilícitos, se reclutó a dos inspectores fiscales: Patricio Agurto Fuentes y un segundo funcionario. Ambos desempeñaban labores en la Dirección de Vialidad del MOP de O’Higgins. Tenían como funciones justificar los contratos y manejar los aumentos de obras de los contratos. Por este último concepto llevaron al Fisco a pagar montos superiores a $340 millones por cada contrato, por trabajos que no se realizaron. En conjunto con Rossi, debían acreditar que dichas modificaciones contaban con la aprobación de la Dirección de Vialidad Rancagua y de la Dirección de Vialidad Nacional.
Para dar validez se contaba con otro integrante (un abogado y también funcionario público), quien daba el visto bueno de las operaciones para la realización y materialización de las obras. Luego, se reclutó a una mujer del Departamento de Contratos de la Dirección de Vialidad en Rancagua. Su función era realizar coordinaciones básicas entre cada integrante. Recibía instrucciones de Rossi, Vásquez, Arroyo y el abogado.Factor importante para mantener en la clandestinidad a la organización —según estableció la Fiscalía en la formalización— era el rol de David Arroyo. Era ante el MOP el representante de la Constructora Pilén Ltda., ejerciendo el rol de ingeniero residente. Se encargaba de concretar las acciones ideadas por Vásquez junto a los inspectores fiscales, sobornando a funcionarios del MOP para que realicen sus trabajos normales y no les dificulten las obras, ordenándoles incluso que se ausentaran de la fiscalización y de las visitas a las obras. Se les daban pagos de bencinas con vales y en efectivo. Estos pagos eran referidos como “chocolates”.