En las últimas semanas, las protestas en la Ruta de la Fruta — principal corredor de transporte agrícola entre la Región de O'Higgins y la Región de Valparaíso— han vuelto a poner en evidencia los graves problemas del sistema de concesiones viales en Chile. Camioneros, agricultores y trabajadores han bloqueado la carretera en rechazo a los altos peajes, la mala calidad de las vías y los abusos de las empresas concesionarias. Este conflicto no es aislado: es el síntoma de un modelo de privatización de carreteras que prioriza las utilidades de unos pocos sobre las necesidades de millones de usuarios.
Un Sistema Diseñado para el Lucro, No para el Desarrollo
La Ley de Concesiones Viales, implementada en los años 90 bajo el argumento de modernizar la infraestructura del país, ha terminado convirtiendo un derecho básico —la movilidad— en un negocio extractivo. Las empresas concesionarias, muchas de ellas grandes consorcios nacionales e internacionales, obtienen ganancias millonarias mientras:
- Los peajes son excesivos: En la Ruta de la Fruta, los camioneros pagan hasta $15.000 por viaje, un costo insostenible para pequeños productores y transportistas.
- Las multas son abusivas: Sistemas de cobro automático (como TAG) penalizan con altas sumas a quienes, por error o falta de saldo, no pueden pagar al instante.
- El mantenimiento es deficiente: Baches, falta de señalización y demoras en reparaciones son comunes, pese a que las concesionarias reciben subsidios estatales.
El Estado: Garante de los Privados, No de los Ciudadanos
Lo más grave es que el Estado chileno actúa como socio de las concesionarias en lugar de fiscalizador. Cuando hay pérdidas (como en la pandemia), el gobierno compensa a las empresas; pero cuando hay protestas, reprime a los manifestantes. La vialidad pública ha sido reemplazada por un esquema donde el usuario paga dos veces: con sus impuestos (que financian las concesiones) y con los peajes.
Las Protestas Son Solo el Comienzo
El estallido en la Ruta de la Fruta no es un caso aislado: en los últimos años, hemos visto movilizaciones similares en Autopista Central, Costanera Norte y la Ruta 5 Sur. La ciudadanía está cansada de un modelo que encarece el transporte de alimentos, encadena a los trabajadores a deudas por peajes y deja regiones enteras en el abandono.
Que Hace Falta
1. Revisión integral de los contratos de concesión: Eliminar cláusulas abusivas y establecer tarifas justas.
2. Mayor control estatal: Que las ganancias se reinviertan en mejoras reales, no en dividendos para accionistas.
3. Alternativas públicas: Recuperar carreteras estratégicas para el país bajo administración estatal.
Mientras el gobierno insista en proteger los intereses de las concesionarias, los conflictos seguirán. Es hora de entender que las carreteras no son un negocio: son un derecho social.
¡Basta de peajes abusivos! ¡Basta de carreteras para unos pocos!
¿Qué opinas? ¿Crees que las concesiones viales en Chile necesitan un cambio radical?*
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